El Ministerio del Interior comunicó a Parra que "los propósitos de la entidad inciden en las limitaciones establecidas en las Reales Ordenanzas aprobadas en 1978", y que su pretensión asociativa está excluída del ámbito material de aplicación de la Ley de Asociaciones.

En defensa de sus argumentos, Joquín Parra aseguró que la AGCD "no es una entidad como afirma la Administtración, sino una asociación civil, sin ánimo de lucro, por lo que no puede considerarse entidad ni siquera benefactora".

Además, acusa al Ministerio de Interior de "impedir a toda costa la legalización de cualquier asociación de guardias civiles, para evitar que se conozca el alcance real de las asociaciones que funcionan en el Cuerpo".

El portavoz de la comisión promotora explicó también que la asociación persigue que sus miembros puedan disponer de asistencia y defensa jurídica.

En su opinión, "el Gobierno pretende que los guardias civiles, debido a su bajo salario y continuas sanciones queles imponen, no puedan defenderse acudiendo en forma legal a los tribunales".

La Asociación de Guardias Civiles para la Democracia fue fundada en mayo de este año al amparo del artículo 22 de la Constitución, que reconoce el derecho de asociación

En el artículo 7 del acta fundacional, la AGCD indica que sus fines son el asesoramiento jurídico de sus asociados y su asistencia y defensa jurídica, mediante los abogados y procuradores que se contraten.