"Creemos que debe saberse que, después de las meritorias actuaciones de salvamento que podemos ver en la televisión, la realidad es que estos africanos no son devueltos a sus países, por falta de documentación, medios económicos y convenios internacionales que lo posibiliten", afirma esta entidad en una nota.

En este sentido, explica que a la mayoría de estas personas "se les da una orden de expulsión y tras pasar internados un tiempo inferior a cuarenta días, se les traslada de Canarias a la Península en vuelos pagados por el Estado, y son dejados en libertad sin ningún tipo de ayuda o asistencia".

"Estos africanos, que carecen de lo más mínimo, incluso de una documentación que les permita identificarse, son los que encontramos en las calles de nuestra ciudad deambulando sin ningún destino, o procurando una limosna en cualquier actividad marginal", señala Karibu, que significa "bienvenido" en lengua suahili.

Esta organización aclara que la orden de expulsión de los subsaharianos "les imposibilita cualquier forma de legalización futura, y por tanto de acceder a un contrato de trabajo que realizar con dignidad".

Finalmente, concluye que este colectivo "depende de la ayuda de asociaciones humanitarias como Karibu, y son ignorados y despreciados desde la Administración".