"Escandalosa", "franquista", "inconstitucional", "vergonzante" y "oportunista" fueron algunos de los calificativos que recibió el anteproyecto del Gobierno, que el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, se limitó a definir como un simple "borrador" que se encuentra en estos momentos en una fase "muy previa de elaboración".

Rubalcaba aseguró que el Ejecutivo no tiene "ninguna decisión tomada" al respecto y dijo que el texto qe se ha hecho público no figura entre las prioridades de discusión del Consejo de Ministros para las próximas semanas.

La disparidad de opiniones en el seno del Gobierno en torno a este anteproyecto quedó hoy patente con unas declaraciones de la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, en las que se mostró abiertamente contraria al texto.

Fernández de La Vega, que dijo que su opinión sobre el anteproyecto también se suscribe en general en el Ministerio de Justicia e Inerior, manifestó que no está "en absoluto de acuerdo con una interpretación expansiva del fuero ni con una interpretación de carácter retroactivo".

El ministro de Obras Públicas, José Borrell, dijo que no tiene una opinión definitiva sobre este asunto y admitió que la existencia de discrepancias en el seno del Ejecutivo sobre este anteproyecto.

INCONSTITUCIONAL

Las asociaciones de jueces hablaron de inconstitucionalidad de la ley y de un claro oportunismo por parte del Gobierno en la aceleració de la aprobación de esta ley a raíz del "caso GAL".

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, calificó de "escandaloso" el anteproyecto del Gobierno y dijo que "está clarísimamente dirigido a acorazar y proteger a determinadas personas que pueden verse envueltas en una investigación criminal".

La Asociación Jueces para la Democracia, por boca de su portavoz, José Antonio Alonso, consideró "muy grave" la iniciativa de Administraciones Públicas, or considerarla "inconstitucional e incompatible con el sistema legal y democrático".

José María Vázquez Honrubia, de la Asociación Francisco de Vitoria, manifestó que el anteproyecto es "escandaloso" y "vergonzoso". "Es una batería de medidas de un partido y un Gobierno que tienen miedo por las consecuencias jurídicas de sus actos y trata de protegerse de todas las maneras que puede", afirmó.

INICIATIVA FRANQUISTA

En el Consejo General del Poder Judicial, al que Administraciones Públicas ha reitido el texto para que elabore un informe, la mayoría de sus miembros son contrarios al mismo, según todos los vocales consultados por Servimedia.

Su vicepresidente, José Luis Manzanares, consideró que el anteproyecto "tiene algo de 'ley de amnistía'". "Me parece lamentable que precisamente ahora, cuando tenemos la investigación que tenemos y cuando se encuentran en prisión y pueden entrar en prisión las personas que todos sabemos, ahora se venga deprisa y corriendo con una ley que trata, en definitia, de sacar a estas personas del juez predeterminado hoy por la ley y modificar su situación", subrayó Manzanares.

El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín afirmó que la pretensión de Administraciones Públicas de ampliar el fuero procesal a los secretarios de Estado y con carácter retroactivo "es una iniciativa oportunista que tiene precedentes en la época del franquismo".

Desde la vertiente de los partidos políticos, Partido Popular e IzquierdaUnida vertieron duros epítetos contra el anteproyecto. El secretario general del PP, Francisco Alvarez Cascos, dijo que Felipe González "utiliza el poder para sus intereses particulares".

"Ahora que un secretario de Estado tiene problemas con la Justicia", añadió el dirigente del PP, "se busca la impunidad por la vía de la extensión del fuero y, lo que es más grave, con carácter retroactivo".

Para Loyola de Palacio, portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, la propuesta de Administracines Públicas es "escandolosa" y demuestra que el Ejecutivo pretende legislar en función de los problemas que afectan o que han afectado a los gobiernos del señor González".

Mariano Rajoy, diputado y vicesecretario general del PP, anunció que preguntará a Felipe González en un próximo pleno del Congreso su opinión sobre el anteproyecto.

El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero dijo que el intento de ampliar el fuero procesal del Gobierno es similar a la ley de "punto final" que se aprobó en Agentina para perdonar los crímenes que cometieron los militares durante la dictadura.

Romero opinó que el texto es un "autoblindaje" del Gobierno parecido a la Pragmática de los Reyes Católicos, "donde se daba licencia para actuar y se perdonaba ya en la propia ley a los que actuaban contra los moriscos".