Según afirmó hoy en rueda de prensa el responsable de Economía y Finanzas de la UCE, Carlos Alonso, los contratos diseñados por los servicios jurídico de los bancos españoles "presentan unas cláusulas abusivas que parece como si considerasen a los usuarios pícaros y defraudadores en potencia".

El dirigente de UCE señaló que las nueve demandas presentadas en los tribunales afectan a los bancos BBV, Central, Hispano, Exterior, Santander, Banesto, Zaragozano, Atlántico y Herrero.

Agregó que el Banco Popular no está incluido en la lista porque las dificultades presentadas en varias entidades para autorizar la apertura de una cuenta corriente retraaron el análisis jurídico realizado en los contratos ofrecidos por el resto de las entidades, aunque señalaron que también ese banco podría incluirse más tarde en el proceso de demandas iniciado.

A su vez, Carlos Alonso hizo públicos los resultados de un estudio que indica que uno de cada tres clientes de las entidades financieras españolas ha dejado de trabajar con un banco por la forma "poco satisfactoria" con la que se les resolvió algún conflicto.

PRINCIPALES ABUSOS

Los principales abusos qe, según la UCE, cometen las entidades españolas en la contratación de cuentas corrientes son los que pemiten a los bancos desentenderse de toda responsabilidad en los supuestos de pérdida de un talonario de cheques y las situaciones derivadas de un hecho de estas características.

Uno de los bancos, según UCE, que comete el abuso "más grande" es el BBV, ya que "incluso delega en el cliente la responsabilidad por una posible falsificación de su firma".

Otras supuestas irregularidades, añade la orgnización, es el derecho que se reservan las entidades para modificar las condiciones del contrato, incluida la remuneración de la cuenta, sin necesidad de pactarlo con el cliente, o la facultad que este otorga a los responsables de la entidad para que dispongan de todos sus fondos en caso de un impago.

La UCE reclamó hace unos meses a las entidades un cambio en sus actitudes, ya que "las cláusulas introducidas en sus contratos lesionan los derechos básicos reconocidos en la Ley General de Defensa de ls Consumidores y Usuarios (LGDCU)".

No obstante, los dirigentes de UCE reconocieron que esa ley no establece mecanismos eficaces para hacer efectivas las sanciones en algunos supuestos, y afirmaron que su objetivo es hacer extensiva una sentencia favorable a todas las entidades en las que se demuestre que existen características similares en sus contratos.

Asimismo, agregaron que pedirán formalmente en el Parlamento la elaboración de una Ley de Condiciones Generales de la Contratación que impida os abusos en la relación de los usuarios con las entidades crediticias, así como en el resto de relaciones contractuales que pudieran producirse en una sistema de libre mercado, como el español.