En el texto enviado al diputado convergente, el Gobierno recuerda que la coalición internacional formada tras los atentados de 11 de septiembre actúa al amparo del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y que permite el empleo de un "variado tipo de municiones".

Entre ellas, se encuentran las bombas CBU-87 y CBU-89, ambas bombas de racimo. La primera de ellas, permite la dispersión de munición, que dispone de una espoleta que las hace detonar por impacto, sin que, según el Gobierno, "en ningún momento su empleo se asemeje al de las minas".

El Ejecutivo reconoce, sin embargo, que las submuniciones contenidas en l CBU-87 que "por algún fallo" no llegaran a explosionar en el momento del impacto, podrían hacerlo con posterioridad "si se tropieza con ellas o se las manipula de alguna manera".

La CBU-89 es una bomba dispersadora del "Sistema de Minas Gator" contra carro y contra personas que se emplea "para prohibir la utilización de determinadas instalaciones o zonas del terreno por tiempo limitado". Según explica la respuesta, "ambos tipos de minas son fácilmente detectables y están dotadas de dispositivos de auodestrucción".

Pese a los recientes convenios de Otawa contra el uso de minas, que no fue suscrito por Estados Unidos, esos dos tipos de armas no están expresamente prohibidas en los tratados internacionales y por ello el Gobierno español no puede exigir que no se usen en Afganistán, según su respuesta.

No obstante, el Ejecutivo manifiesta su deseo de que "finalmente" Estados Unidos suscriba la Convención de Otawa en 2006 como "consecuencia de las presiones internacionales", entre las que se pued incluir la española.