El juicio por el incendio del local se suspendió el pasado mes de octubre tras la aparición de una factura que podría haber delimitado nuevas responsabilidades en el caso, y que motivó la orden de una investigación suplementaria.

El portavoz de los afectos, Javier Gil, confirmó la participación de la Asociación como acción popular y criticó la ausencia de abogados de la acusación particular en el proceso de este nueo trámite judicial, lo que califica como un "exceso de corporativismo hacia Ruiz Galbe y una barbaridad".

Gil considera que la posibilidad de que se pueda aportar una prueba falsa "forma parte del proceso principal", e informó que un abogado y un procurador de oficio intentarán actuar contre el archivo de esta causa tras no haberse personado ningún abogado de la acusación particular.

La aparición de esa factura podría haber supuesto la inculpación del técnico del Gobierno aragonés, Luis Aznar, po no advertir de las presuntas irregularidades existentes en el local, y podría haber demostrado que la instalación del aire acondicionado en la discoteca no era clandestina, como concluyó el juez instructor.

El técnico Luis Aznar fue, según diversas partes implicadas en el proceso, la persona que elaboró el proyecto de la instalación eléctrica del local, por medio de otra persona que firmó el proyecto y posteriormente él mismo giró las inspecciones en nombre del Gobierno regional.

Tras la investiación, el juez instructor, Javier Seoane, dictó auto de apertura oral contra las personas a las que requirió el pasado año: el propietario del local; el encargado del mismo, Framcisco Lacruz, y Fernando Merino, técnico de la empresa GER S.A., encargada de la instalación del aire acondicionado.