Los catorce afectados por el fallo del acelerador, integrados en la asociación ASFAL, consideran correcta en parte la sentencia que condena a Mariano Cone y a General Electric como responsables del fallo del aparato.

Sin embargo, anunciaron que emprenderán acciones civiles para conseguir mayores indemnizaciones, ya que consideran insuficientes la fijadas por la jueza en la sentencia, aunque todavía no han concretado las cantidades que desean recibir.

Mientras tanto, continúa la demanda presentada contra General Electric en Estados Unidos, de la que se encarga el ex presidente del Senado José Federico de Carvajal.

Michael Repiso, abogado de AFAL en Estados Unidos, señaló que van a seguir con el caso, "no sólo aquí, sino en Estados Unidos, y vamos a buscar daños punitivos, porque vemos más claro que podía haber unos defectos de diseño en la máquina, o sea, puede que haya una responsabilidad mucho más seria".

Michael Repiso agregó que los directivos de la empresa General Electric son más culpables incluso que Mariano Conte -el técnico que se encargó del mantenimiento del aparato de Zaragoza-, puesto que permitieron que éste, a pesar de no cntar con la suficiente preparación, se encargara de la reparación del acelerador de electrones.

Además, indica Repiso, los reponsables de la empresa no pusieron el dispositivo de seguridad que hubiera evitado la tragedia y no pasaron al técnico las instrucciones facilitadas por la dirección del Hospital Clínico.

Por otra parte, la empresa General Electric, condenada a pagar más de 400 millones de pesetas, ha indicado en un comunicado público que no se le ha notificado la sentencia, por lo que todvía no ha decidido si la recurrirá.

Según se afirma en la nota, General Electric no estaba sujeta a ninguna acusación criminal. La empresa también explica que el acelerador del Hospital Clínico fue instalado por una compañía filial de Thomson CGR, empresa francesa adquirida por General Electric en 1988.