El Gobierno de José María Aznar rechazó en 2001 la condición de víctimas del terrorismo a cuatro miembros de una misma familia que fueron secuestrados por el GRAPO en 1995. Así consta en un escrito del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Servimedia, que tiene fecha de 2 de abril de 2001.

La consideración de víctimas del terrorismo les permitiría a estas cuatro personas acceder a la correspondiente indemnización, de acuerdo con la Ley de Solidaridad.

Interior sólo reconoció como víctima del terrorismo al "padre de familia", que era interventor de una sucursal bancaria en Barcelona, al que los miembros de la organización terrorista secuestraron junto a su familia, para utilizarlo posteriormente en el atraco a la entidad en la que trabajaba, y de la que sustrajeron 10 millones de pesetas.

El Gobierno desestimó considerar víctima del terrorismo al resto de la familia porque, basándose en la sentencia del caso, no considera secuestro lo ocurrido, sino un "robo con rehenes".

El Ministerio del Interior argumentó entonces que no son secuestros "las privaciones de libertad que no superen el tiempo impresdincible para el despojo, siempre que se realicen en el contexto del robo, es decir, para promover o consumar la acción".

Enrique Cuadra Echaindía, miembro del GRAPO que participó también en el secuestro de Publio Cordón, reconoció en su declaración policial, a la que tuvo acceso Servimedia, que "intervino en la detención ilegal" del interventor y de los miembros de la familia a quienes Interior negó la condición de víctimas del terrorismo.