Los afectados calificaron esa actuación de "chapuza judicial" porque, según ellos, no se piden pruebas a General Electric, la empresa que consideran principal responsable de la tragedia.

También catalogaron de "vergonzoso, humillante y desconcertante" el escrito de calificaciones y se preguntan si no exista una "mano negra" que impida esta investigación.

El portavoz de los afectados, José María Mariñoso, señaló que todos e sienten indefensos y que "parece que se está concediendo licencia para matar"

También se preguntó: "¿Existe miedo a castigar a los responsables?, ¿hay alguna 'mano negra' detrás de todo esto?, ¿quién está danto instrucciónes a quien?, porque esto nos parece que no es independencia judicial".

El portavoz de los afectados aseguró que afirmar que la rutina propició el accidente es tapar las responsabilidades. Para los afectados, el fiscal diluye esas responsabilidades, ya que iguala en pena a las TS y al técnico de General Electric, empresa fabricante del acelerador.

"Las penas tan leves que el fiscal está pidiendo por matar a tantas personas son parecidas a las que se pedirían por dar una patada a un perro. ¿Es que la vida de nuestros seres queridos no vale más que la de los perros?", agregó.

ASFAL insiste en que para que realmente haya justicia es necesario que el juez amplíe sus investigaciones para determinar posibles responsabilidades por parte de la multinacional General Electric; ua culpabilidad de cuya existencia están plenamente convencidos los afectados.

El accidente ocurrido en el acelerador lineal de electrones del Hospital Clínico de Zaragoza ha costado ya la vida a 18 de los 27 pacientes oncológicos tratados con el aparato.

El fiscal solicita penas de seis meses y un día de prisión menor para la directora del centro y otras ocho personas inculpadas en el suceso.