"El Gobierno tiene toda la legitimación para hacerlo, en la medida que era una de las cuestions que estaban en su programa electoral, y por lo tanto, al votar, todos los españoles sabíamos hace 15 días que esto se podía producir", afirmó Múgica.

"Está claro que una privatización no tiene que ser, necesariamente, una pérdida de calidad en el servicio para los usuarios", señaló la OCU, "pero entra en concurrencia el conseguir una mejor calidad con la necesidad de cuidar la cuenta de beneficios".

Múgica añadió que "no nos gustaría que esto fuera la puerta abierta para la realidad del servici del ferrocarril en el Reino Unido, donde, de ser el servicio modélico de los ferrocarriles en Europa, se ha convertido en uno de los peores, en todos los sentidos".

Por su parte, la Unión de Consumidores de España (UCE) teme que, si ya en manos públicas los aeropuertos proporcionan un servicio de "nefasta" calidad, cuando se introduzcan "criterios economicistas" caiga todavía más el nivel del servicio.

Para la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACU), "nos es un poco ajeno quién lleve la gestión directa del aeropuerto, siempre que en ese proceso -que lo seguiríamos muy de cerca- no disminuyan en ningún sentido los derechos de los usuarios", según manifestó hoy a Servimedia Yolanda Quintana, portavoz del colectivo.