La práctica paralización del tráfico aéreo ayer en España supuso que unos 110.000 pasajeros se quedaran en tierra, debido a que unos 1.100 vuelos quedaron suprimidos, lo que ha ocasionado que la empresa deje de ingresar más de 1.000 millones de pesetas.

El acuerdo alcanzado deberá ser ratficado por las asambleas de trabajadores, aunque los responsables de la compañía sostienen que se trata de "un paso muy importante", ya que los sindicatos que lo suscriben representan al 80 por cien de la plantilla de tierra y al 100 por cien de los trabajadores de vuelo, excepto los pilotos, agrupados en el SEPLA y cuyos dirigentes se verán a las 5 de la tarde con la empresa para aceptar o rechazar los compromisos alcanzados.

Se trata de un Plan de Viabilidad que recoge la reducción de un 15 por ciende la plantilla (unos 3.500 trabajadores de todos los colectivos), mediante bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas y cuyo coste, en el caso de cumplirse al 100 por cien, alcanzaría los 30.000 millones de pesetas.

Además, la rebaja de sueldos estaría entre el 8 y el 9 por cien y se haría gradualmente, es decir, haciendo que los colectivos de trabajadores mejor remunerados sean los que más sufran el ajuste, si bien se ha fijado una horquilla por la que el recorte inferior sería del 3 por cien y e superior del 15 por cien.

También existe un compromiso por la empresa respecto a los discutidos atrasos salariales, consecuencia del impago de las actualizaciones del IPC en 1993 y 1994, que conlleva el pago de unos 10.000 millones de pesetas por este concepto, pero sin que se consolide en las nóminas de los trabajadores, es decir, que el recorte se haría sobre los sueldos que se tenían a diciembre de 1992.

Estos atrasos, que representan algo menos del 90 por cien de lo que la empresa adeuda a ls trabajadores, se liquidarían en dos plazos, en los meses de enero de 1995 y enero de 1996.

Para la empresa, el acuerdo supone un ahorro en la masa salarial de unos 10.000 millones de pesetas al año y un aumento de la productividad del 9 por cien, equivalente, según los portavoces de la empresa, a la reducción de plantilla comprometida.

Además, Iberia dispone de un plazo de 4 años para llevar a cabo la reducción de empleo, hasta finales 1997, e incorpora a los sindicatos a los órganos de controly supervisión del ajuste, de la futura ampliación de capital a la que se someterá la empresa si logra el visto bueno de Bruselas y del PREGA, el programa de reducción de gastos de explotación para mejorar la competitividad de la empresa.