De acuerdo al proyecto de guía, al que tuvo acceso Servimedia, la responsabilidad social de las empresas debe ser transversal, voluntaria, flexible, eficiente, transparente, integral y de mejora continua, así como tener un enfoque dirigido a todos los grupos de interés.

En enero de 2005 el Comité de Ética de Aenor decidió renunciar a la elaboración de una norma sobre responsabilidad social para centrarse en la puesta en marcha de una guía, un formato de menor rango que las normas.

En virtud de esta guía, las actuaciones que se emprendan en el ámbito de la gestión de la RSC se deben de asentar sobre los principios anteriormente mencionados, a los que se debe añadir el respeto a los derechos y principios universales.

Para la implantación de esta guía, las empresas deberían incorporar un sistema de gestión de la responsabilidad social que tenga en cuenta una serie de recomendaciones, así como poner los medios precisos para mejorar continuamente su eficacia.

La guía especifica que las medidas aisladas carentes de seguimiento producen un valor limitado a la empresa, por lo que la actuación en ese campo debe ser llevada a cabo desde un punto de vista integral y estructurado.

Las empresas que sean socialmente responsables deberán tener en cuenta aspectos como la no discriminación, con la posibilidad de contar con mecanismos que contribuyan a hacer efectiva la igualdad de oportunidades para los colectivos en riesgo de exclusión. Asimismo, deben tener entornos accesibles a todos los trabajadores y atender las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, siempre que no influyan negativamente en la competitividad de la empresa.

Se entiende que las medidas serán eficaces si existen una cultura de empresa y un estilo de dirección y liderazgo que tenga en cuenta las necesidades de conciliación y la necesidad de eliminar cualquier tipo de discriminación injustificada en el lugar de trabajo.

En cuanto a la cadena de proveedores, se establece que debe fomentar los principios de RSC entre los mismos, y debería de tener en cuenta a la hora de seleccionar y contratar proveedores las prácticas de responsabilidad social implantadas por éstos.

Respecto a su relación con las administraciones públicas, las empresas deberán cumplir con sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social "en todos los territorios en donde lleve a cabo sus actividades", evitando las prácticas fiscales injustificables.

Por último, las empresas que sean socialmente responsables deberán tener una gestión eficaz y eficiente, que asuma la transparencia informativa. Además, deben establecer mecanismos que garanticen el derecho de voto de accionistas minoritarios, como el voto electrónico o el fomento de foros o agrupaciones de pequeños accionistas.