Las investigaciones apuntan a que las empresas concesionarias podrían haber cometido un fraude de unos 5.000 millones de pesetas mediante irregularidades contables para pagar de menos a Aena y a los proveedores.

La primera querella, tramitada por la Audiencia Nacional, investigaba la comisión de supuestos delito de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

AENA, basándose en el informe elaborado por la sindicatura de la quiebra de la empresa Explotaciones de Restauración S.A., elaboró un escrito que refleja los movimientos realizados para desvíar el dinero de las ganancias de la concesionarias a sociedades instrumentales e incluso a los propios querellados, titulares de las concesionarias.

El caso se refiere a las empresas Ramblas Catering (que explotó las cafeterías del aeropuerto del Prat, e Barcelona); Concesiones de Restauración (que tenía cafeterías en Madrid-Barajas y en Sevilla) y Explotaciones de Restauración.

Además de AENA, en la querella están personadas otras empresas acreedoras de las concesionarias, entre ellas CASBEGA, que es la compañía distribuidora de Coca-Cola en España, y Font-Vella.