Esta modificación, contemplada en un decreto que el Gbierno aprobó el pasado 23 de diciembre, autoriza a Aena a que servicios en aeropuertos como aparcamientos de vehículos, telecomunicaciones no aeronáuticas o telemática, entre otros, dejen de ser prestados directamente por el ente público, para que lo hagan sociedades participadas.

Según el órgano aeroportuario, la gestión de servicios por empresas privadas "sólo será posible cuando no implique la realización de actos correspondientes a las funciones públicas propias del ente o supongan el ejercicio d autoridad pública".

Los responsables de AENA consideran que con esta medida es posible incorporar la experiencia de la gestión privada en algunos servicios de aeropuertos, al tiempo que sus precios se adaptan a los del mercado.

Asímismo, señalan que con esta iniciativa, el ente dispondrá de aportaciones financieras privadas para acometer las inversiones que tiene encomendadas, en lugar de costearlas en solitario.