En un auto hecho público hoy, Garzón argumenta que Juan María Mendizábal Alberdi, Eduardo Konde Rekondo, Erramún Osa Ibarzola y Angel María Olade Arrieta han podido incurrir en un delito de integración en la organización terrorista ETA-KAS, dado que "perteneciendo a KAS han formado parte de los Consejos de Administración de AEK entre 1992 y 1998".

Con el mismo argumento imputa a María Iztizar Goienetxea Garmedia, a María Victoria Armendáriz Iraola y a Angel María Hermosilla Bermejo un delito de colaboración con organización terrorista ETA-KAS.

"Por ello, su actuación no es ajena a la actividad desarrollada en el ámbito de la organización criminal de ETA-KAS", añade Garzón, para quien estos imputados "desarrollan a través de AEK toda la dinámica relacionada con la enseñanza del euskera en el ámbito del frente cultural y de masas [...] como instrumento esencial para la construcción del llamado 'Estado Parallo' al español, para deslegitimarlo y subvertirlo".

El juez sostiene que AEK "responde al criterio establecido en la ponencia `Karramarro` (cangrejo) de 1994, en la que ETA-KAS asume el proyecto de desobediencia civil para "hacer frente contínuamente a la opresión española y francesa". Y propone también desarrollar la "insumisión fiscal" de los vascos

Según el juez Garzón, la actividad de estas personas en AEK "contribuye de forma eficaz a la consecución del único fin que persigue la organizaciónterrorista a través de la violencia, la 'Alternativa Democrática', independencia y autodeterminación de Euskal Herría".

Para el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, AEK como su sociedad instrumental Galgaraka S.L. han estado integradas en ETA-KAS al menos hasta 1998, "tanto en la estructura criminal de la organización terrorista [...] como en el frente o entramado económico y financiero".

Además, sostiene que AEK y su instrumental "han estado controladas pr miembros liberados de KAS e insertadas en sus órganos directivos, al tiempo que la coordinadora de alfabetización en euskera "ha contrubuido a la financiación de otras estructuras de la organización ETA-KAS".

FINANCIAR A JARRAI

En este sentido, Garzón cree que AEK ha prestado ayuda para financiar el Grupo Editorial Orain-Egin, Jarrai, la revista de KAS, "Ezpala" y los sueldos de los liberados de esta coordinadora radical, entre quienes se encuentran el portavoz de Euskal Herritarrok (EH) Arnaldo Oegui y Xabier Alegría, uno de los imputados hoy.

Por otra parte, el juez Garzón imputa a otros 12 miembros de AEK de defraudación contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública. Se trata de Juan María Larrate Telletxea, Elena Etxalar Martínez, Luis Javier Ugalde Ulias, Iñaki Lasa Ustariz, Olatz Arkotxa Garate, Itxaso Ojeda Errasti, Félix Gómez Fernández, Jesús María Zalakaín Garaikoetxea, Xabier Alegría Loinaz, María Teresa Mendiburu Zabarte, Juan Ramón Aranguren Mendizábal y Manuel IntxauspeVergara.

A su juicio, esta coordinadora de alfabetización en euskera ha defraudado presuntamente 1.149.240.101 pesetas a la Seguridad Social desde su constitución en 1982 hasta 1999, "a pesar de lo cual ha recibido sin problemas las subvenciones públicas que le han ayudado de forma sustancial e imprescindible a continuar su actividad".

Asimismo, sostiene que la instrumental de AEK, Galgaraka S.L. ha defraudado las cuotas de IVA correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y 1999 por un importe de340.199.665 pesetas.

Además, el juez Garzón decreta la administración judicial de AEK y de Galgaraka S.L., medida que "no se extenderá a los aspectos relacionados con los contenidos educativos que actualmente desarrolla" la mencionada coordinadora de alfabetización en eukera. No obstante, les impone una fianza de responsabilidad civil por valor de 1.309.920.028 pesetas.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a los 19 imputados para lospróximos días 30 de noviembre, 1, 4 y 15 de diciembre. Estas personas han formado o forman parte en la actualidad de la dirección y administración de AEK, así como de su instrumental, Galgaraka S.L.

ETA-EKIN

Garzón investiga a AEK dentro del "caso Egin", instrucción que también dió lugar al desmantelamiento de la estructura política de ETA-EKIN.

Según el juez, EKIN son las siglas adoptadas por el entramado orgnánico de KAS, tras la criminalización mediante auto dictado en el año 1998 por el jue Garzón. Con este auto, KAS fue declarada ilegal, demostrándose que formaba junto a ETA la misma estructura criminal, con un reparto de funciones completamentariasque posibilitaban su "estrategia político-militar".

Así, EKIN constituye parte del núcleo responsable de la nueva estructura de la banda terrorista, tras su reorganización durante la tregua, según el Ministerio de Interior.