Para los magistrados de la SecciónCuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la mencionada medida cautelar es conforme a Derecho, pues no infringe ni el principio de legalidad ni el de proporcionalidad.

La Sala recuerda que Garzón mantuvo los órganos de administración de AEK y de Galgaraka y que facultó al administrador "únicamente para recibir informes sobre las decisiones económicas, financieras y contables que afecten a la marcha de las entidades afectadas".

Para el titular del juzgado central de instrucción númer 5 de la Audiencia Nacional, tanto AEK como su sociedad instrumental Galgaraka S.L. han estado integradas, presuntamente, en ETA-KAS al menos hasta 1998, "tanto en la estructura criminal de la organización terrorista [...] como en el frente o entramado económico y financiero".

Además, sostiene que AEK y su instrumental han estado controladas por miembros liberados de KAS e insertadas en sus órganos directivos, al tiempo que la coordinadora de alfabetización en euskera "ha contribuido a la financiaciónde otras estructuras de la organización ETA-KAS".

FINANCIAR A JARRAI

En este sentido, Garzón cree que AEK ha prestado ayuda para financiar el Grupo Editorial Orain-Egin, Jarrai, la revista de KAS, "Ezpala" y los sueldos de los liberados de esta coordinadora radical, entre quienes se encuentran el portavoz de Euskal Herritarrok (EH) Arnaldo Otegui y Xabier Alegría.

Además, sostiene que, desde su constitución, en 1982, hasta 1999, AEK ha defraudado unos 1.150 millones de pesets a la Seguridad Socal, mientras que Galgaraka S.L. ha defraudado las cuotas de IVA correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y 1999 por un importe de más de 340 millones de pesetas.

Con estos argumentos, Garzón decretó la administración judicial confirmada hoy por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, si bien señaló que la medida cautelar no se extendería a "los aspectos relacionados con los contenidos educativos que actualmente desarrolla" la mencionada coordinadora de alfabetización en eukera.

ETA-EKIN

Garzón investiga a AEK dentro del "caso Egin", instrucción que también dió lugar al desmantelamiento de la estructura política de ETA-EKIN.

Según el juez, EKIN son las siglas adoptadas por el entramado orgánico de KAS, tras la criminalización mediante auto dictado en el año 1998 por el juez Garzón. Con este auto, KAS fue declarada ilegal, demostrándose que formaba junto a ETA la misma estructura criminal, con un reparto de funciones completamentarias que posibilitaban su "estrategia político-militar.

Así, EKIN constituye parte del núcleo responsable de la nueva estructura de la banda terrorista, tras su reorganización durante la tregua, según el Ministerio de Interior.