Aedenat basa su petición en un informe de expertos en arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, que descubrieron destrozos en restos arqueológicos causados por las obras de excavación de un túnel del trazado del TAV a su paso por esa localidad andaluza. Los restos dañados podrían corresponder al anfiteatro romado de Córdoba.

Antes de iniciar las obras, la Junta de Andalucíarealizó un estudio previo, entre julio de 1990 y febrero de 1991, para determinar la presencia de posibles piezas arqueológicas. El resultado fue negativo, por lo que se decidió iniciar las obras de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba.

Sin embargo, arqueólogos consultados por AEDENAT afirmaron que era practicamente imposible, que con las técnicas empleadas (georradar entre otras) no se descubrieran en la investigación, unos restos de tanta envergadura como los encontrados posteriormente.

Al toarse con estos residuos de edificaciones romanas, los responsables de las obras paralizaron las mismas durante un día para dar cuenta de ello a la Junta de Andalucía. Sin embargo, según Aedenat, algún responsable de la Administración decidió que continuasen las obras.

Después, la Junta de Andalucía inició una "intervención arqueológica de urgencia" en las inmediaciones, pero en opinión de Aedenat, los destrozos en una importante parte de los restos están ya hechos y son irreversibles.

La asociacin ecologista dirigió, por tales motivos, un escrito a la Fiscalía de Córdoba para que iniciara las averiguaciones pertinentes que determinaran responsabilidades penales por parte de los funcionarios que estuvieran implicados.

Según Aedeant, las acciones realizadas por la Junta de Andalucía podrían estar inmersas en los artículos 558 y 563 del Código Penal, que tipifican el delito de daños en el Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.

Por otra parte, AEDENAT denunció recientemente que todo el trao Alcolea-Córdoba-Sevilla de la línea de Alta Velocidad que une Madrid con la capital andaluza es posterior a la entrada en vigor de la legislación sobre Evaluación de Impacto (julio de 1988).

Esto supone que se habría omitido el estudio previo de impacto ambiental habría sido preceptivo, tal como se hizo con el tramo Madrid-Getafe o variante de Ciudad Real de la misma línea de Alta Velocidad.

Finalmente, según Aedenat, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) organismo competente par realizar la declaración de impacto medio ambiental, podría haber incurrido también en responsabilidades penales.