Las construccioes derribadas en la localidad de Lozoyuela ocupaban un suelo calificado como no urbanizable en una zona que incluida en la propuesta de creación del Parque Natural del Valle del Lozoya presentada por Aedenat y respaldada por la Asamblea de Madrid.

Según los ecologistas, muchas de las edificaciones construidas ilegalmente están situadas en áreas de gran valor ecológico de municipios como Manzanares el Real, Miraflores, Villaviciosa de Odón o Colmenar de Arroyo, o en terrenos de dominio público, como la vías pecuarias.

Para Aedenat, esas irregularidades urbanísticas son una de las principales causas de la degradación ambiental que, a su juicio, sufre la región.

La organización conservacionista mantiene que estos edificios producen profundas alteraciones en la vegetación natural y en el paisaje, afectando también a la fauna.

Para evitar la proliferación de estas construcciones, Aedenat ha pedido a los ayuntamientos que paralicen las obras que no reunan todos los requisitos que exige la legilación urbanística.

A juicio de los ecologistas, "las demoliciones deben continuar contribuyendo a restablecer el maltrecho estado en el que se encuentra nuestro medio natural, lo que repercutirá en una mejora de la calidad de vida de todos los madrileños".