En principio, AEDENAT señala que la titularidad de la vías pecuarias no corresponde a las comunidades autónomas como expone el proyecto sino que, puesto que son de dominio público, la titular es la sociedad en su conjunto.

Los ecologistas denuncian que el proyecto de Ley establece unos anchos máximos de las vías pecuarias que impide recuperar aquelas que llegaron a tener más de 200 metros de ancho y contempla que la superficie de abrevaderos, descansaderos y majadas se determinará mediante un acto administrativo de clasificación sin tener en cuenta antecedentes históricos que permitirían que el ancho de muchos de esos elementos complementarios fuera superior.

CONSULTA DE MODIFICACIONES

Asimismo, critica que la consulta de las modificaciones de trazado de las vías pecuarias se restrinja a las organizaciones profesionales agrarias, Cámaras Agraias y Corporaciones Locales afectadas y no sean sometidas a información pública ni incluyan a las organizaciones ecologistas entre los organismos de consulta.

Por otra parte, si bien el proyecto de Ley reserva un título a las infracciones y sanciones cometidas con las vías pecuarias, AEDENAT considera que los tiempos de prescripción contenidos son insuficientes para poder cumplir la función preventiva y disuasoria.

Por contra, los tiempos máximos de ocupación y aprovechamientos fijados en 10 añosdeben reducirse a 5, con revisiones anuales de los precios de la ocupación y el aprovechamiento, así como del cumplimiento de los estipulado en la autorización dada a éstos.

Otro de los fallos de dicho proyecto, según los ecologistas, está en que no establece la regulación del uso de las vías pecuarias para vehículos motorizados, cuyo daño sobre el firme, el tapiz herbáceo y la vegetación de las vías pecuarias es muy importante, ello sin contar los riesgos de atropello de ganado.

Finalmente, AEDEAT denuncia que en el proyecto no se hace mención del organismo competente en elaborar el mapa de vías pecuarias del Estado español, que, a su juicio, debería correr a cargo del ICONA.