Aedenat afirma que los juzgados no suelen actuar "así de rápidos y de duros" cuando se trata de persiguir a las administraciones, empresas o particulares que han cometido delitos ecológicos.

La organización rcuerda que hace más de 3 años interpuso un contencioso contra la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) por almacenar ilegalmente residuos nucleares en El Cabril (el depósito sólo tiene licencia para guardar materiales radiactivos), "sin que el procedimiento avance a los ritmos de las denuncias interpuestas contra los ecologistas".

El fiscal del Juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo solicita, además de la indemnización que pide Enresa (75.200 pesetas), la imposición de una multa de 200.000 pesetas a cada un de los acusados.

"Sorprende que sea ahora", señala Aedenat, "después de más de dos años de ocurridos los supuestos hechos, cuando Enresa y el Juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo saquen a colación este tema. Y llama la atención también que el fiscal y el juzgado decidan, sin ningún tipo de pruebas, un procesamiento tan contundente en cuanto a la multa, a la indemnización y a la fianza solicitadas".

PROCESADOS POR DESTACARSE

Para Aedenat, los acusados, Pedro Urbano, Julio Gómez y José Larios, "han ido procesados por destacarse en las campañas antinucleares y anti-Cabril de la provincia de Córdoba".

Los ecologistas apuntan que ésta es la última de una serie de denuncias interpuestas por la Administración contra grupos y entidades conservacionistas.

Según Aedenat, el coordinador de la Federación Ecologista- Pacifista Gaditana, Juan Clavero, puede pasar 12 años y 6 meses en la cárcel si prospera una denuncia de la Comandancia de la base de Rota y miembros de la Asociación Gaditana para la Defnsa y Estudio de la Naturaleza tienen pendientes multas de 100.000 pesetas a un millón por una denuncia presentada por la Agencia de Medio Ambiente andaluza.

Asimismo, Aedenat ha sido denunciada por la Empresa Municipal de Transportes de Granada "por una campaña de potenciación del transporte colectivo" y el director del grupo catalán Biorama por la Generalitat.

La organización considera que estas denuncias y procesamientos judiciales parecen "una nueva estrategia de la Administración para acalla las protestas de los grupos conservacionistas mediante querellas a ecologistas que destacan por su actividad en defensa de la naturaleza".