La organización ecologista mantien que algunas de las instalaciones que invaden la cañada están ocupadas por productos tóxicos, tales como bidones de acetileno, gasolina y ácido clorhídrico.

Asimismo, asegura que las personas que utilizan estas instalaciones compran y venden las parcelas "ocupadas ilegalmente" y afirma que en algunas parcelas están extrayendo aguas subterráneas.

Los conservacionistas creen que esta situación "se convierte cada día que pasa en un grave problema de ordenación del territorio, sanidad y salubridad púlicas, e incluso de seguridad".

Según Aedenat, los ayuntamientos implicados, la Agencia de Medio Ambiente y el Gobierno no hacen nada por intentar solucionar el problema y conseguir que los "ocupantes" cumplan y respeten la legislación.