"Si las industrias evitan el coste de prevenir los riesgos de los accidentes, tendremos que pagarlo todos en daños al medio ambiente y la salud", indicó la organización.

Aedenat considera que la legislación vigente sobre fábricas peligrosas "no es estricta" y criticó la dispersión de las competencias y la lentitud de las administraciones a lahora de elaborar planes sobre prevención de riesgos.

La asociación ecologista exige, entre otras cosas, que se adopten límites más restrictivos en la legislación estatal y autonómica para su aplicación a las industrias peligrosas, que se lleve a cabo lo estipulado en la normativa y que se compruebe que la población expuesta a este tipo de peligros está bien informada de los riesgos a los que está sometida.

La legislación sobre industrias peligrosas obliga a éstas a declarar los riesgos y a tener stablecidos planes de emergencia interior en caso de que se produzca un accidente. Los planes de emergencia exterior deben ser elaborados por las comunidades autónomas y puestos en práctica por el gobierno civil, con la colaboración de los ayuntamientos y de los responsables de las industrias.

La legislación también obliga a los responsables de las industrias a que informen a la población de los riesgos y accidentes que pudieran sufrir, así como de las medidas de protección y de los planes de emergenca que deben seguirse.