El documento, elaborado por las profesoras de la Universidad Juame I de Castellón Mª Angeles Fernández y Mª Jesús Muñoz, ha sido aprobado por la Comisión de Responsabilidad Social de AECA.

En él, se pide a las administraciones publicas, empresas y actores del mercado que adopten medidas para promover la inversión socialmente responsable, que actualmente esta estancada en nuestro país.

Según el documento, la administración pública tiene un papel crucial en este proceso. La administración puede fomentar la ISR promoviendo las políticas que integren la responsabilidad social en la empresas y mejorando la transparencia.

En definitiva, según las autoras del documento, las administraciones tienen que facilitar el acceso a la información estableciendo marcos legales y desarrollando estándares y etiquetas voluntarias para su aplicación en el mercado.

Además, tienen que promulgar leyes o regulaciones que incentiven la ISR, así como la facilitación del diálogo entre los diferentes grupos de interés.

Desde el punto de vista de la promoción, tiene que fomentar las clausulas de ISR en los planes de pensiones y fondos de inversión.

Por último, el documento también insta a las entidades como la CNMV para que impulsen la inversión socialmente responsable con la creación de un marco de transparencia informativa para estos productos.