Así lo aseguró Manrubia durante la primera jornada sobre compra pública responsable organizada por la ONG Setem en Madrid.

Durante su intervención, este experto subrayó que en la actualidad "ni existen certificados oficiales sobre el respeto de los derechos laborales básicos, ni estándares internacionalmente aceptados por los organismos de normalización, ni etiquetas oficiales de comercio justo.

"Ello se debe a que la mayoría de las iniciativas de responsabilidad social corporativa nacieron como proyectos no vinculantes", explicó, por lo que no existió la necesidad de desarrollar instrumentos que los acreditasen.

A su juicio, a pesar de las restricciones que el Derecho Comunitario impone en la contratación pública por el principio de libre concurrencia, "sí es posible introducir criterios éticos en los pliegos de condiciones de dichos contratos".

"El problema realmente se encuentra en garantizar su cumplimiento", opinó, y abogó por que en la fase de ejecución de los contratos, los mecanismos de verificación queden abiertos.

Ello significa que, por ejemplo, "no se imponga una única etiqueta social como garantía del respeto a los derechos laborales" o que en el objeto del contrato se detallen las condiciones en que se debe fabricar el producto "en vez de exigir un sello concreto de comercio justo entre los muchos que existen en la actualidad", aclaró Manrubia.