El informe, elaborado por la organización sin ánimo de lucro Quarriers, revela que muchas de estas personas reciben menos asistencia que las que viven en residencias.

También se han detectado importantes diferencias entre el importe medio que destina cada ayuntamiento a servicios de asistencia a las personas con discapacidad intelectual que viven con sus familias, que oscilarían entre los 8.800 y los 37.600 euros.

El informe destaca que sólo 3 de los 11 ayuntamientos que participaron en el estudio disponían de datos sobre las personas a las que prestaban ayuda sus servicios sociales.

Por ello, sus autores hacen una serie de recomendaciones para mejorar esta situación, entre las que se incluyen garantizar que todas las personas con discapacidad intelectual que precisen apoyo puedan acceder a él, independientemente de si viven en su hogar o en una residencia, y que las autoridades locales mejoren sus registros de datos sobre estas personas y situación.

Mejorar los servicios de respiro para cuidadores y de asistencia a domicilio, así como la información sobre ellos, son otras de las propuestas recogidas en el documento.