Otro de los puntos de la proposición se centra en impulsar convenios para que las entidades colaboradoras en los procesos de adopción internacional puedan trabajar en red en todo el territorio del Estado, mediante acuerdos con las comunidades autónomas que lo estimen oportuno.

Esta propuesta surge cmo consecuencia de las diferentes medidas que se exigen en las distintas comunidades, ya que en unas se solicitan unos requisitos diferentes a las otras.

Para el Grupo Popular, estas desigualdades se reflejan en que "las normas autonómicas existentes suelen exigir, como requisito, la residencia de los solicitantes de adopción, con lo que, al tratarse de normas que exigen requisitos distintos, los ciudadanos españoles se encuentran en una situación de desigualdad con respecto a los que residen en la counidad autónoma vecina que exige requisitos diferentes. Con esto, se está conculcando el principio de igualdad constitucionalmente reconocido".

Asimismo, la parlamentaria popular resaltó la tardanza en los trámites para la adopción internacional y el alto coste que esto supone, debido a los requisitos precisos para hacerse con la adopción de un niño.

Además, si la adopción está válidamente constituida por una autoridad extranjera y los efectos de ésta se corresponden con los de la adopción constiuida en España, nuestro país no tiene más remedio que reconocerle a esos efectos y, por tanto, la entidad pública debe expedir el correspondiente certificado de idoneidad, salvo que la familia adoptante no reúna los requisitos exigidos.

No obstante, la diputada popular resaltó que son innumerables las quejas de las familias que están a la espera de conseguir dicho certificado y que, en ocasiones, han sido causa de grandes perjuicios morales y económicos por no abundar en el daño ocasionado al menor qu está a la espera de ser adoptado.