En el auto de admisión de la querella, al que tuvo acceso Servimedia, Palacios aprecia la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atenta contra los intereses de los accionistas.

De hecho, las propias cuentas anuales de 2001 del SCH, en el capítulo de compromisos por pensiones y otros seguros, ponen de manifiesto u compromiso de gasto de 43,75 millones de euros (la indemnización para Amusátegui), que se refleja aparte de las obligaciones contraídas y cubiertas por el grupo en materia de pensiones complementarias para el conjunto de su personal.

La juez considera que el supuesto perjuicio patrimonial para los accionistas afectaría a todo el territorio nacional, por lo que es competente la Audiencia Nacional, que abre una investigación sobre el extremo denunciado.

BANCO DE ESPAÑA

La juez ha pedido ya inforación al Banco de España para que dé su opinión sobre los hechos denunciados y al propio SCH, para que remita al juzgado la certificación de las actas de la Junta General de Accionistas en la que se aprobó la retribución especial para Amusátegui o, en su caso, del Consejo de Administración de la entidad que dio el visto bueno a la operación.

La querella admitida a trámite, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui, se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas de la doación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".

Añade que, con esta querella "pretendemos así poner término a la impunidad de conductas penales sobre las que se cierne un sospechoso silencio al figurar sus autores, en especial uno de ellos, entre las personas más ricas del mundo (según Forbes)".

La jue ha pedido ya su opinión al fiscal y las partes, mientras que el querellante solicita que se interrogue a Botín y Amusátegui como querellados y, como testigos, a otros altos directivos del SCH, como el ex vicepresidente Jaime Botín, el ex consejero delegado Angel Corcóstegui, y los miembros del Consejo Matías Rodríguez Inciarte, Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Antonio Escámez, Pedro Ballvé y Felipe Benjumea, entre otros.

Fuentes del SCH consultadas por Servimedia declinaron valorar la admisióntrámite de la querella presentada contra Botín y Amusátegui y aseguraron que esperarán a conocer toda la información que les remita el juzgado antes de dar una opinión al respecto.