El colegio presentó el pasado día 17 una querella contra la FADSP por la presunta comisión de un delito de calumnias y otro de injurias graves, en ambos casos con publicidad, al haber acusado esta organización a los farmacéuticos de defraudar el IVA, generar dinero negro y conculcar la Ley del Medicaento.

En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid, María Luisa Lázaro, afirma que "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de calumnias/injurias, y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede a su admisión a trámite y a la incoación de Diligencias Previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias".

Los farmacéuticos de Madrid estiman que el representante de la FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, ha cometido un presunto delito de calumnias en la rueda de prensa convocada el 13 de junio de 2002, en la que les acusó de defraudar el IVA, generar dinero negro y conculcar la Ley del Medicamento.

En su opinión, se trata de un presunto delito de calumnias e injurias graves realizadas por escrito (se entregó un dossier a los periodistas) y con publicidad, previstos en los artículos 205 y 211 del Código Pena y penado para la calumnia en el artículo 206 y para las injurias en el artículo 209 del mismo cuerpo legal.

Además consideran que en este caso concurre la intención específica de difamar, vituperar y perjudicar, que revela un "malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito con finalidad de descrédito".

NO LIQUIDAN IVA

Entre los argumentos de la querella señalan que "los farmacéuticos no pueden defraudar el IVA, porque ni lo liquidan ni lo pagan. Las farmacias están sujetas al égimen Especial del Recargo de Equivalencia".

También indican que "establecer una conexión directa y automática entre la existencia de bonificaciones o descuentos comerciales y la generación de dinero negro es un comportamiento malicioso o, al menos, una temeridad manifiesta, porque la Hacienda Pública tiene un control exhaustivo sobre toda la actividad farmacéutica, que impide en términos prácticamente absolutos la existencia de ingresos fiscalmente opacos".

Respecto a la afirmación de la FADSP e que las bonificaciones o descuentos son prácticas contrarias a la Ley del Medicamento, el colegio entiende que es un juicio "malicioso o temerario", puesto que la norma citada se refiere a las "corruptelas para la captación de voluntades consistentes en incentivos, primas u obsequios", algo que, a su juicio, no tiene que ver con las bonificaciones y descuentos.