En su resolución, la sección segunda del Alto Tribunal acueda dar traslado de las actuaciones recibidas en relación a este asunto al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al fiscal general del Estado para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió el pasado mes de febrero cuatro autos en los que consideró que podían ser inconstitucionales algunos artículos del REF porque, a su juicio, la generalización del gravamen del IGIC a odas las entregas de bienes e importaciones supone pasar de un impuesto sobre el consumo a otro que grava la totalidad del proceso productivo.

Esto, en su opinión, "puede entrar en contradicción con el concepto natural de franquicia caracterizado por la no sujeción o exención de los impuestos estatales sobre consumo".

Los impuestos ahora cuestionados son de titularidad estatal, aunque son gestionados por el Gobierno canario y fueron pactados entre el consejero de Economía y Hacienda del ejecutivoregional, José Miguel González, y el entonces secretario de Estado de Hacienda, José Borrell.