El juicio estaba señalado en la Sección Primera para la mañana de hoy, pero a su inicio los acusados reconocieron los hechos por los que se les venía acusando y se conformaron con la pena solicitada por la fiscalía.

Según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público de conformidad con las defensas de los acusados, la mujer, como responsable de recursos humanos de una empresa, tenía entre sus funciones la de definir las necesidades formativas de los empleados y contratar cursos de formación. Así las cosas, durante los años 2014 y 2015, procedió a contratar varios cursos de formación a la empresa de quien entonces era su marido.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Señala el escrito de conformidad que “puestos de común acuerdo, con el propósito de enriquecimiento ilícito, urdieron un plan”, según el cual, tras la contratación de los cursos por parte de la compañía en la que ella trabajaba, los acusados elaboraban las facturas (un total de 56) y la documentación de los supuestos cursos.

Luego, la acusada procedía a “rellenar todos los documentos y simular las firmas de los supuestos asistentes a los cursos, tanto en las actas como en los controles de asistencia, los recibís de los diplomas de los cursos y la rúbrica de cada uno de los diplomas, donde se simulaba la firma del alumnado”.

Además, “rellenaron mendazmente los cuestionaros de satisfacción y la evaluación de la eficacia del curso, todo ello para crear una apariencia de autenticidad en la empresa y, a continuación, emitir la correspondiente factura, sin que ese curso llegara a impartirse y no se presentara en la planta nadie de la empresa del acusado a fin de desarrollar actividad formativa alguna”. De este modo, la mercantil del acusado facturó un total de 379.752 euros por actividades formativas nunca desarrolladas.

En abril de 2016 se practicó entrada y registro en una vivienda de los acusados en Asturias, donde se intervinieron 16.000 euros, y en otra vivienda que tenían en Santa Cruz de Bezana, donde se encontraron 10.600 euros. En el momento en que el acusado fue detenido, llevaba consigo 1.636 euros. También se intervino un vehículo, propiedad de la mercantil del acusado.

Se ha embargado judicialmente la cantidad de 262.098 euros y se ha abonado la misma a la empresa perjudicada, que ha expresado sentirse resarcida.

Los hechos constituyen un delito continuado de falsedad en documento privado y mercantil en concurso con un delito continuado de estafa agravada, merecedores de dos años de prisión y 1.620 euros de multa para cada uno de los acusados.