Según dicho documento, el índice de contratación de personas con discapacidad de las instituciones públicas francesas se sitúa en un máximo del 3,55%, por debajo del sector privado, donde alcanza el 4,4%.

El informe también se refirió a las irregularidades en la gestión del Fondo para la Inserción de Personas con Discapacidad en la Función Pública (FIPHFP).

Este organismo fue instaurado en Francia por la Ley para la Igualdad de Derechos y Oportunidades de las Personas con Discapacidad de 2005, con el fin de recaudar las contribuciones económicas que tienen que hacer los organismos públicos que incumplen su obligación de contratación de personas con discapacidad, y distribuir dichos fondos en acciones para favorecer su integración en el sector público.

Según el informe del tribunal, de los 182 millones de euros recabados por el FIPHFP, tan sólo han sido distribuidos 5 millones de euros (el 2,7%) .

Por ello, los autores del documento subrayan la necesidad de rediseñar los métodos de actuación del FIPHFP para mejorar la eficacia de la distribución de sus recursos económicos, y propone que este organismo no limite su actuación a los procesos de selección, sino que también promueva planes de formación de los funcionarios con discapacidad.

En su respuesta al Tribunal de Cuentas, el ministro de la Función Pública, Eric Woerth, indicó que el Gobierno francés ha pedido a las administraciones públicas que pongan en marcha planes plurianuales para incrementar el porcentaje de funcionarios con discapacidad.

Dichos planes deberán lograr un incremento de un 25% en la contratación de personas con discapacidad en la administración en 2008, con respecto a los datos de 2007.