El acuerdo fue firmado entre Salgado y los presidentes de CEOE y Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, respectivamente.

El estudio, que tendrá en cuenta los análisis cualitativos ya realizados por las dos organizaciones empresariales y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio sobre las cargas más significativas, se complementará con la celebración de unas jornadas monográficas sobre la reducción de cargas administrativas.

El convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, se financiará con 204.000 euros, de los que el Ministerio de Administraciones Públicas aportará 136.000 euros y las dos organizaciones empresariales los 68.000 euros restantes.

Las dos organizaciones empresariales seleccionarán un grupo de empresas con las que realizará un análisis de todas las actuaciones y trámites administrativos que deben realizar ante las distintas administraciones públicas.

CEOE y Cepyme facilitarán los datos al Ministerio y cuantificarán todos los costes a que dicha regulación obliga en la actividad empresarial y propondrán su eventual supresión o reducción.

"El Gobierno de España mantiene el compromiso de reducir las cargas administrativas en un 30% para el año 2012, un 5% más que el acordado por la Unión Europea", afirma Administraciones Públicas.