Este crecimiento e atribuible principalmente a las autonomías, ya que la oferta de empleo de la Administración del Estado durante ese año fue claramente restrictiva y no llegó a cubrir las bajas que se produjeron.

Los 1.981.670 empleados públicos actualmente en nómina se distribuyen de la siguiente manera: 620.474 de las autonomías, 607.730 de la Administración Central y 425.156 de los entes locales.

A ellos se les unen 125.088 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (un 6,31% sobre el total de epleados públicos), 82.230 efectivos de las Fuerzas Armadas (4,15%), 40.237 funcionarios de justicia -dependientes del Consejo General del Poder Judicial- (2,27% del total de funcionarios) y los 80.765 empleados de universidades.

Por otra parte, el 14,5 por ciento de los trabajadores españoles son empleados públicos, según los últimos datos de que dispone el Ministerio para las Administraciones Públicas, a diciembre de 1995.

Eso sitúa a España en niveles inferiores a otros paises de nuestro entorn, como Alemania (15,2 por cien), Estados Unidos (15,6), Italia (17,7) o Francia (25,4), especialmente por debajo de paises como Suecia (33,2) o Dinamarca (38), y muy por encima de Japón (8 por cien).