Cora, que presentó hoy su informe correspondiente al año 1992 ante el Parlamento autonómico, dijo que "el procedimiento de urgencia, que utoriza a la Administración a ocupar terrenos sin pagar, no tendría mayor importancia si no llevara consigo una violación, un cercenamiento de los derechos de los ciudadanos".

En su informe, el Valedor do Pobo incluso apunta que el procedimiento se emplea a veces para beneficiar a empresas e intereses privados, por lo que pide una legislación más estricta que defienda los intereses de los particulares frente a empresas expropiantes que se mueven con ánimo de lucro.

El Valedor actuó de oficio en tes casos que saltaron a la opinión pública por los medios de comunicación. Cora reclama mantener el anonimato y la intimidad de menores que sean protagonistas de sucesos, salvo casos de muerte.

También reclamó de las administraciones públicas la elaboración de un censo de marginados, así como actuaciones de oficio para atender las necesidades de personas que a menudo desconocen que tienen derecho a ayudas sociales.

En la presentación de su tercer informe anual, José Cora dijo que la función de lainstitución que representa y su forma de actuar desinteresada y gratuita es todavía desconocida por muchos ciudadanos.

El Valedor do Pobo de Galicia recibió en 1992 un total de 773 quejas, las más numerosas en justicia, educación y administración local.