Esos intereses se han generado a partir de los 780.000 millones de pesetas que las administraciones adeudan a las constructoras, con un retraso medio en el pago de ocho meses, teniendo en cuenta que a partir de la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Estado el retraso en el pago genera intereses de demora desde el tercer mes.

En 1997, el interés de demora es del 9 por ciento anual (punto y medio porencima del tipo legal del dinero, que es del 7,5 por cien), que es el que deben cobrar las constructoras adicionalmente al importe de la obra contratada.

Las constructoras agrupadas en Seopán han denunciado al Ministerio de Fomento en varias ocasiones esta situación, que les obliga a endeudarse para hacer frente a nuevos proyectos.

Además, las constructoras aseguran que estos retrasos en los pagos les obligan a ellas a hacer lo mismo con sus proveedores y subcontratistas, reconociendo una demora n sus pagos de hasta 180 días.

Por su parte, los subcontratistas consideran que este retraso es superior, alcanzado los nueve meses, por lo que han solicitado tanto a Fomento como a las constructoras que paguen en los mismos plazos fijados por la Ley de Contratos del Estado (dos meses).

Para la primera constructora española, Dragados, los intereses generados por la deuda de las diferentes administraciones públicas supone ya 6.500 millones de pesetas, que no puede incluir en sus cuentas hasta que sta cantidad sea satisfecha.

Enrique Durán, vicepresidente de Dragados, aseguró recientemente que el Gobierno popular es peor pagador que el socialista en la última etapa del Ministerio de Obras Públicas, con José Borrell al frente, ya que aplica plazos de pagos más dilatados que sus adversario político.