Con esta medida, el Gobierno pretende cubrir el vacío de subvenciones geneado tras la desaparición del plan de ayudas de 1987 a 1990 gestionado por la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad, disuelta el pasado 31 de diciembre.

La financiación pública consistirá en abonar a la entidad concesionaria del crédito, con cargo a los Presupuestos del Estado, la diferencia de intereses entre el preferencial del banco a largo plazo y el 8 por ciento que pagará el armador.

El nuevo programa de ayudas tendrá también una duración de tres años. En su aplicación, la Administración uiere evitar los errores del sistema anterior, que no impidió que los tipos de interés de los créditos se disparasen por encima del 8 por ciento inicialmente previsto.

Esa situación hizo que muchos armadores optaran por constituir en el extranjero sociedades filiales que financiaban sus buques en las condiciones previstas para los créditos a la exportación.

LOS BENEFICIARIOS

De las créditos podrán beneficiarse los constructores de buques mercantes, de pasajeros y mercancías, así como las embarcciones dedicadas a otros trabajos en el mar con un tamaño mínimo de 100 toneladas de registro bruto (TRB) y remolcadores de potencia igual o superior a 365 kilowatios.

También figuran entre los proyectos que podrán optar a los préstamos los que supongan una modificación sustancial del sistema de carga, del de propulsión, del casco o de las superestructuras del alojamiento de los pasajeros, así como los proyectos de nueva construcción.

En los casos de nueva construcción de buques el crédito podrá barcar hasta un 80 por cien del proyecto, con un plazo máximo de amortización de diez años al 8 por cien de interés. Este tipo de ayudas se financiará con la hipoteca del barco y tendrá en cuenta la solvencia del solicitante y la rentabilidad de su explotación.

Las subvenciones a operaciones de reforma sólo variarán en el plazo de amortización, que será de ocho años.