Con esta medida, incluida en el capítulo de supervisión policial, la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende frenar la alta siniestralidad que registran las carreteras y dar un escarmiento a los infractores más recalcitrantes.

Sin embargo, y frente a esta propuesta coercitiva, los conductores dispondrán de mayor información cuando circulen por las carreteras y de más asistencia en caso de accidente, ya que serán mejorados los mecanismos de vigilancia en la red ecundaria, donde normalmente ocurren más siniestros.

Además, los aspirantes a conductores recibirán clases sobre socorrismo y habrá un número de teléfono de urgencia gratuito que será el mismo para todo el país.

Por su parte, los fabricantes de coches también estarán obligados a informar sobre la contaminación que producen sus productos y, a partir de 1992, los nuevos vehículos oficiales que adquieran los distintos organismos oficiales cumplirán las medidas anticontaminantes dictadas por la Comundad Europea.

ESPECIALISTAS

Pero si a pesar de todas estas innovaciones algún conductor sufre un accidente, tendrá la ventaja de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de la Administración del Estado dispondrán de una formación especializada sobre los problemas del tráfico y la seguridad vial, su repercusión y tratamiento en el ordenamiento jurídico.

Los siniestros provocados por automóviles en España tienen un coste anual cercano al billón de pesetas. Según Tráfico, la entrad en vigor de la Ley de Seguridad Vial supuso un ahorro de 56.000 millones.

La agresividad de la publicidad de coches, la insuficiente información, la despreocupación de muchos usuarios y la carencia de una educación vial efectiva, han contribuido de forma decisiva a que la siniestralidad haya crecido en los últimos diez años.

Tráfico resalta también que en España falta investigación sobre el automóvil, en especial acerca de los accidentes y sus causas, aunque el factor humano sigue siendo el prinipal determinante en la mayoría de los siniestros.