La publicación, dirigida por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid José Barea y realizada gracias a un convenio de colaboración con dicho centro académico, tiene como principal objetivo la creación de un marco jurídico que sirva para cuantificar anualmente el gasto público en servicios sociales.

Según el ministerio, la gran novedad del estudio, cuyo períodode investigación abarca desde 1970 a 1990, es que presenta por primera vez el presupuesto por colectivos beneficiarios y en términos macroeconómicos.

Uno de los resultados obtenidos tras realizar el informe es que el gasto público en servicios sociales ha experimentado un fuerte crecimiento en el período analizado, pasando de significar el 0,12% del PIB en 1970 a representar el 0,83% del PIB en 1990.

En relación con los países de la Unión Europea, el gasto español en servicios sociales se sitúa, unto con el de Luxemburgo y Alemania, en los lugares centrales de la tabla, con casi un 1% (518.400 millones de pesetas).

El estudio revela que del total del gasto en servicios sociales en 1990, las prestaciones sociales en metálico se situaron en primer lugar, con 164.398 millones de pesetas; en segundo lugar, los servicios en instituciones residenciales, con 104.423 millones de pesetas, y por último, los servicios prestados en instituciones no residenciales, con 38.811 millones de pesetas.

Dos erceras partes del gasto corriente en servicios sociales benefició al colectivo de discapacitados (37,4%), tercera edad (18%) y menores (9,8%).

La publicación también aporta el dato de que el gasto de las familias en servicios sociales ascendió en 1990 a 2.523 millones de pesetas por gastos en centros residenciales para las personas mayores.