Los 58 millones de pesetas pagados a empresas especializadas representan más de la mitad de la partida para gastos en bienes y servicios asignada al Catastro en los últimos cuatro años, ya que éste ascendió a 101,2 millones. El año pasado, esta partida era de 30 millones de pesetas, de las que 17.877.000 fueron destinadas a contratación de empresas.

Russines onsidera que el recurso a expertos ajenos a la Administración "no cabe duda de que ha sido necesaria, pero no se debe hacer de la necesidad virtud", por lo que estima necesario que la Administración Central y los ayuntamientos asuman un mayor protagonismo.

A su juicio, "la colaboración no debe llevar aparejada, en principio, contraprestación económica alguna. Se trata de una colaboración institucional, cuya rentabilidad no puede medirse en términos económicos -más allá de los puramente recaudatorios-,sino políticos".

A este respecto, hace hincapié en que "carecería de lógica que la colaboración se tradujera simplemente en una sustitución de las empresa por los Ayuntamientos o, peor aún, en que éstos pasaran a ejercer sin más como órganos contratantes en lugar del Estado. Para tal viaje no hubiera hecho falta ninguna alforja".

Para Russinés, en adelante es preciso que "cada Administración utilice adecuadamente sus propios medios personales y materiales, sin necesidad de acudir a otras entidade ajenas a la Administración".

Reconoce, sin embargo, que esto no es posible porque "una gran mayoría de ayuntamientos carece de los medios materiales y los recursos humanos precisos no sólo para colaborar eficazmente en la gestión catastral, sino incluso, y esto es más grave, para acometer con éxito la gestión tributaria".

A su juicio, las fórmulas aplicables para superar este problema son dos, impulsar la participación activa de las Diputaciones Provinciales en estas actuaciones y poner en march los mecanismos asociativos entre en entidades locales previstas en su ley reguladora.

EVITAR DISCUSIONES ESTERILES

Por otra parte, Russinés subraya que una premisa indispensable para que la colaboración entre las Administraciones sea eficaz es la "lealtad", entendida como el respeto a los campos de actuación de cada una y la evitación de "discusiones estériles o planteamientos confusos de cara al administrado".

En opinión de Russinés, "una vez establecido un abanico de tipos impositivos suficinte para compensar el incremento en los valores catastrales, debe ser transparente el principio de que cualquier aumento de presión fiscal sólo a los Ayuntamientos incumbe".

Russinés indica por último que la Administración está trabajando en una Ley de Ordenación del Catastro que establezca un sistema fiscal justo y progresivo, favorezca la transparencia del sector inmobiliario y la seguridad jurídica en las transacciones patrimoniales de inmuebles.