Esa paga (que supondrá un coste total de casi 15.000 millones de pesetas para la Administración) está recogida en los Presupuestos del Estado de 1991, pero el Ejecutivo todavía no ha determinado en qué fecha la hará efectiva.

El atraso en el pago ha sido durmente criticado por CSIF, para quien "demuestra la nula voluntad de la Administración, en el cumplimiento de sus acuerdos, siempre en detrimento de los intereses de los empleados públicos".

Esta paga se abona cada año, revalorizándola de acuerdo con la inflación. Fuentes del Ministerio para las Administraciones Públicas consultadas por Servimedia indicaron que su abono nunca tiene fecha fija y señalaron que "seguro que se va a pagar pero no se sabe cuándo".