Según indicaron a Servimedia fuentes de la Administración, es muy posible qu sean los notarios los encargados de inspeccionar las viviendas de los solicitantes, si bien este extremo todavía no está confirmado, puesto que se han barajado diversas posibilidades, como la de que sea un cuerpo especial -como ocurre en Francia-, una empresa privada, los ayuntamientos o incluso la policía.

En caso de que sean los notarios los encargados de la inspección, se establecería una pequeña tasa, de unas 2.000 pesetas aproximadamente, que pagaría el inmigrante.

En cualquier caso, será oligado que los domicilios de los peticionarios sean visitados uno por uno y se comprueben las condiciones del alojamiento y el número de miembros de la familia que va a venir. Igualmente, se exigirá que acrediten un contrato de trabajo.

Esta es una de las medidas que el Ministerio del Interior estudia implantar para regular la reagrupación familiar de inmigrantes regulares, asunto que ocupó la última reunión de la Comisión Interministerial de Extranjería, celebrada el pasado 6 de abril, y que ha sido ratado en sucesivas reuniones posteriores.

El reglamento de la Ley de Extranjería establece que el extranjero que desee traer a su familia deberá acreditar medios de vida suficientes para el período que solicita y tener a su disposición un seguro de enfermedad y una vivienda que se considere "normal".

"Eso es lo que vamos a comprobar para evitar que una persona que viva en una chabola se traiga a su cónyuge y a sus ocho hijos, ya que sería una falta de responsabilidad muy grande aceptarlo", señal a Servimedia Javier Puyol, secretario por el Ministerio de Interior de la Comisión Interministerial de Extranjería.

Puyol añadió que si no se establecen unos mínimos controles, al final significará que "estas personas vendrán a la marginación o a ponerse a la cola para pedir subsidios a las comunidades autónomas y ayuntamientos".

El sistema de solicitud lo gestionarán los consulados españoles en el extranjero, a donde acudirán los miembros de la familia del extranjero que reside en España para aortar la documentación del libro de familia y certificados médicos, y los gobiernos civiles en España, encargados de emitir los informes sobre las condiciones de la vivienda del residente cabeza de familia y en donde presentará el contrato de trabajo y el de vivienda.

Se calcula que los solicitantes que puedan acogerse a la reagrupación familiar serán el 25 por ciento de los regularizados en 1991, unos 30.000 aproximadamente, y será a partir de junio de este año cuando podrán traerse a sus familiares,es decir, cuando hayan renovado por primera vez su permiso.