Según explicó el subsecretario del MOPTMA, Antonio Llardén, estas medidas, que pasarán en breve a convertirse en un reglamento, han sido consensuadas con la patronal de las grandes constructoras, Seopan, y tienen el visto bueno de la Intervención del Estado y de su equipo jurídico.

Los tres grandes objetivos de estas medidas son: potenciar la subastas y que en los casos que éstas no sean posibles y haya que acudir al concursose apliquen mayores automatismos para la adjudicación; mecanismos de control y seguimiento de los criterios, y el cumplimiento estricto de los contratos.

En cuanto a los concursos, se establecen sobres diferentes para la oferta técnica y la económica, que pasará a tener una importancia del 50%. La Administración y sus organismos autónomos valorarán como precio ideal el que se sitúe en la baja media ofertada sobre el precio de salida, con un margen de cinco puntos más de rebaja. "Ir más allá podría seruna temeridad y afectar a la calidad de los trabajos", dijo Llardén.

Las normas especifican que todas las condiciones deben ser recogidas en el pliego de licitación previo, aunque siempre la decisión final estará en manos de la Mesa de Contratación creada al efecto, que deberá responder ante los contratistas de la opción elegida.

Para ayudar a la toma de decisiones, se crea una Comisión de Inversiones, presidida por el subsecretario del MOPTMA, y se refuerza la información estadística. También exiende sus funciones como órgano de control la Inspección de la Contratación de la Obra Pública, que ya funciona en el ministerio desde hace cuatro años.

Para asegurar el cumplimiento de los contratos, se propone el perfeccionamiento de los proyectos por parte de la Administración y mecanismos de aseguramiento de los proyectos en cuanto a calidad, plazos y avales, con medidas de penalización en caso de incumplimiento.

PARALIZACION

Llardén reconoció que la aplicación de la Ley de Contratos del Esado ha obligado a paralizar durante tres meses la licitación oficial, que ha sido casi nula, debido a la necesidad de que cada centro directivo adapte sus pliegos de contratación a la nueva norma. Conjuntamemte las medidas antes descritas también han sido incluidas.

No obstante, indicó que esto no supondrá un parón en la adjudicación y contratación de obra por parte de las empresas, que hasta noviembre se ha situado en 800.000 millones de pesetas, por encima del año anterior. El efecto del parón será ompensado en seis meses, a partir de noviembre, que es cuando empieza ya a normalizarse la licitación.

Por otro lado, indicó que el problema suscitado con la prohibición recogida en la ley de que no se pueda licitar un terreno hasta que esté expropido se corregirá próximamente, una vez que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que recogía una solución a este asunto, no haya sido aprobada por el Congreso.

El subsecretario indicó que hay dos opciones: o introducir en otra ley una disposició adicional para resolver este problema o un decreto ley específico. En cualquier caso, sería consensuado con el resto de grupos políticos.