En su respuesta al senador catalán, el Ejecutivo califica de error los casos en los que se produjeron devoluciones de documentos a Cataluña porque no estaban escritos en castellano.

Francesc Ferrer informaba, en su pregunta al Gobierno central, de la existencia de diversos casos en los que se habían devuelto informes a Cataluña por parte del Minsterio de Defensa, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de la Policía. En algunas ocasiones, según el parlamentario, estos organismos reclamaron que la información fuera traducida al castellano.

Sin embargo, el Gobierno central afirma que el ciudadano tiene derecho a escoger cualquiera de las lenguas oficiales de su comunidad autónoma para expresarse, aunque finalmente la documentación deba remitirse a Madrid.

En este caso, añade el Ejecutivo en su respuesta, la traducción al castellao debe realizarse de oficio, sin que esto suponga costes o molestias adicionales para el ciudadano.

Francesc Ferrer manifestó, tras conocer la opinión de la Administración central sobre su pregunta, que el Gobierno ha dado "un paso adelante" en la normalización lingüística y que a partir de ahora se trata de que los ciudadanos reclamen el ejercicio de este derecho.