De esta forma, entre dos propuestas iguales se primará a la que cumpla debidamente con la contratación de personas con discapacidad. Esta discriminación positiva también podrá referirse a empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social.

En este caso, se valorará "el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo a personas de estos colectivos: discapacitados, perceptores de rentas mínimas, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o internos de centros penitenciarios", señala el anteproyecto.

La citada normativa señala también que podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.

ACCESIBILIDAD

En cuanto a las prescripciones técnicas, éstas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos éstos en la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

Por lo que respecta a la obra pública, el concesionario deberá mantener la misma de conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.