Sin embargo, eso no supondrá una 'paga extra' del 0,8 por cien sobre la retribución de cada funcionario (la diferencia entre la inflación preista y la real), sino menor, ya que se descontarán las derivas salariales registradas por encima del 3,5 por cien pactado, según informaron a Servimedia fuentes de la Administración.

El Gobierno tendrá que hacerse cargo tanto de la revisión para los empleados de la Administración central y de la Seguridad Social como del 'efecto arrastre' producido por las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas.

Teniendo en cuenta ese factor, cada décima de desviación sobre la inflación preista cuesta alrededor de 5.000 millones de pesetas, según fuentes oficiales consultadas por Servimedia, pero por los factores señalados la 'factura' total de la revisión será inferior a los 40.000 millones que resultarían de multiplicar esa cantidad por la desviación de los precios en el 95.

La complejidad del sistema de este sistema de revalorización hará necesaria una próxima reunión de la mesa de retribuciones, en la que están presentes los ministerios de Economía y Administraciones Públicas, así cmo los sindicatos de funcionarios más representativos.

Será en esa mesa donde se decida el importe exacto de la paga compensatoria, en cuyo cálculo también podría plantearse el problema de si se contabiliza o no entre la masa salarial del 95 la subida que lograron los médicos tras una prolongada huelga, que supuso un gasto adicional para el ejercicio pasado de 3.500 millones de pesetas.

Los sindicatos se oponen rotundamente a que se incluya esa cantidad en la masa salarial, criterio en el que tamién coinciden tanto el Ministerio de Sanidad como el de Administraciones Públicas, de acuerdo con fuentes solventes consultadas por Servimedia.

No obstante, también las centrales mantienen posturas diferentes sobre la manera en que debe realizarse la revisión, ya que el CSI-CSIF sí exigirá que se aplique con carácter individualizado, lo que supondría un aumento adicional del 0,8 por ciento para cada empleado público, según explicó a Servimedia su secretario de Acción Sindical, Enrique Alonso.

Aloso dijo que es preciso tener en cuenta que los empleados públicos han perdido en el último trienio casi ocho puntos de poder adquisitivo, y que para compensarlo es preciso "una subida generalizada e individualizada del 0,8 por cien a todos los empleados públicos".

Por contra, Enrique Arnau, de CCOO, dijo a esta agencia que la posición de su sindicato es aplicar la revisión que corresponda de restar al 4,3 por ciento de inflación la subida de la masa salarial, incluyendo en esta última las desviacionesque se hayan producido como consecuencia de acuerdos pactados por los sindicatos, pero excluyendo las que sean consecuencia de medidas unilaterales de la Administración, no acordadas con las centrales que forman parte de la mesa general de la función pública, como fue la subida de los médicos.