Este convenio, rubricado en julio de 2002, fue el primero firmado por una administración pública para facilitar el acceso a puestos de trabajo a las personas que sufren este tipo de minusvalía.

El acuerdo entre ambas entidades, renovado el pasado mes de julio, pretende evitar la dificultad que estas personas encuentran para incorporarse a un empleo público por concurso, fomentando su introducción en el mercado laboral para determinados puestos que se adapten a sus condiciones, como pueden ser los de ordenanza, jardinero, limpiador o telefonista, entre otros.

Por Consejerías, en la de Turismo, Comercio y Deporte se han contratado a 24 personas, seguida de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (22), Empleo (15), Innovación, Ciencia y Empresa (13), Economía y Hacienda (12), Obras Públicas y Transportes (11), Justicia y Administración Pública (10), Educación (8), Agricultura y Pesca (3), Gobernación (2) y Presidencia (1).

Por provincias, Sevilla es la que mayor número de contratos concentra con 39, seguida de Jaén (19), Almería (16), Granada (14), Cádiz (9) y Málaga (9), Huelva (5) y Córdoba (5).

Con esta iniciativa, la Consejería de Justicia y Administración Pública pretende la integración de aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, como es el caso de los discapacitados psíquicos.

La Junta ya reservó el 5% para personas con discapacidad física en la última convocatoria de empleo público y el próximo año se reservará el 1% de las convocatorias de empleo público para las personas con discapacidad intelectual.