El informe señala que en esos dos años los empleados públicos perdieron 4,9 puntos de poder adquisitivo y vieron disminuidos sus efectivos en 15.000 trabajadores.

"Para el conjunto de las Administraciones Públicas", señala el informe, "esto ha significado presupuestariamente una disminución de gastos sobre los previstos con el mantenimiento del poder adquisitivo de más de 200.000 millones de pesetas".

El informe indica que "las políticas de coste de personal a corto plazo debe basarse fundamentalmente en los aspectos retributivos, y en el control de las nuevas incorporaciones, que se engloban en la denominada Oferta de Empleo Público (OEP)".

Con ese fin, subraya, la política diseñada en los Presupuestos Generales de 1995 incluyen un "crecimiento salarial por debajo del crecimiento general del gasto, al fijarlo en el 3,5 por ciento por todos los conceptos" y una OEP "muy restrictiva" que se sitúe "por debajo de las bajas vegetativas producidas en el ejercicio". Esta filosofa se plasmó en el Consejo de Ministros del pasado viernes en la aprobación de una Oferta de Empleo Público de sólo 2.900 plazas.

DEFICIT PUBLICO

El objetivo es que el capítulo 1 de los Presupuestos del Estado (el dedicado a retribuciones) sea "no sólo compatible con la política general de disminución del déficit, sino un elemento activo de dicha política, y además con carácter consolidable, al basarse en una disminución real de efectivos".

Sobre el acuerdo firmado con los sindicatos para los prximos tres años, que afecta directa o indirectamente a 923.000 empleados públicos, el informe subraya que la revisión de la subida del 3,5 por ciento aprobada para 1995 no depende sólo de la marcha de la inflación, sino de la evolución del conjunto de la economía.

A este respecto, deja claro que "las posibles desviaciones entre el IPC real y el previsto no son objeto de revisión automática, ya que, y esto es de especial trascendencia, se subordina o se complementa el objetivo de mantenimiento del pode adquisitivo a la marcha del conjunto de la economía".

"Será en enero de 1996, conocida la evolución no sólo del IPC real, sino también del crecimiento del producto interior bruto y la disminución del déficit, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Convergencia, cuando habrá que precisar la evolución de la masa salarial y compararla con el crecimiento, en primer lugar, del citado IPC real", agrega el informe.

"Esto significa claramente", añade, "que en ningún caso, según los términos del Acuerd, debe haber revisión suplementaria en el presupuesto de 1996, independientemente de la variación del IPC real sobre el previsto. La adecuación presupuestaria, si fuera precisa, tendría que hacerse en el siguiente ejercicio".

Por otra parte, el informe rechaza la idea de que las Administraciones Públicas españolas tienen un exceso de personal, ya que "en relación con nuestro entorno, las cifra por mil habitantes de los empleados públicos nos sitúan en la zona más baja".

Asimismo, el porcentaje de Presupuesto del Estado dedicado a costes de personal también es, respecto al gasto público total, "inferior en España que en los países de mayor renta de la Unión Europea: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos".