Así consta en la última memoria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que recoge los datos facilitados al Registro de Contratos adscrito al Ministerio de Economía por los departamentos de la Administración Central, y a la que tuvo accso Servimedia.

Al Registro que controla dicha Junta Consultiva los diferentes departamentos de la Administración del Estado informaron en 1992 de la adjudicación de 27.305 contratos, por un importe de 536.424 millones de pesetas, cifra inferior a la real porque los ministerios incumplen muy frecuentemente la obligación de facilitar los datos al Registro, según denuncia la citada memoria.

El 46,54 por ciento de las adjudicaciones (229.434 millones de pesetas) correspondieron a contratos de obras, uministros o asistencia técnica otorgados directamente, en tanto que un 49,47 por ciento fueron precedidos de un concurso y un 3,98 por cien de subasta.

Las adjudicaciones "a dedo" resultaron especialmente frecuentes en los contratos de suministros y en los de asistencia técnica o asesoramiento, mientras que en los de obras representaron un tercio de las contrataciones registradas.

En concreto, de los 251.432 millones de pesetas comunicados en contratos de obras, 82.353 millones fueron adjudicado directamente, sistema al que recurrieron con particular intensidad los Ministerios de Interior y de Defensa, que tramitaron por esta vía el 90 y el 79 por cien de sus contrataciones, respectivamente.

INTERIOR Y DEFENSA

Interior y Defensa justifican habitualmente sus adjudicaciones directas amparándose en las disposiciones de la legislación de contratos del Estado que permiten recurrir a ese procedimiento en los casos protegidos por el secreto cuando están en juego los intereses de la Seguridad del stado, o de especial urgencia.

Sin embargo, el mismo fenómeno se repite en la adjudicación de suministros (que se refieren a artículos como ropa y comida, entre otras cosas y en las que el riesgo para la seguridad parece mucho menor), ya que para esos fines Interior asignó el 74 por ciento "a dedo" y Defensa el 70 por cien, así como en los contratos de asistencia técnica.

Respecto a estos últimos, el Ministerio de Obras Públicas, el departamento inversor por excelencia, comunicó al Registro 590 cntratos de asistencia técnica contratados directamente, por un importe total de 6.342 millones de pesetas, si bien aún resultó mayor la cantidad asignada para ese mismo fin por concurso, 19.101 millones de pesetas.

Destaca, sin embargo, la actuación del Ministerio de Cultura, que comunicó la adjudicación directa de 255 de los 273 contratos de asistencia técnica realizados en el 92, por un importe de 2.608 millones de pesetas.

Igualmente llamativo es el caso del entonces Ministerio del Portavoz de Gobierno (posteriormente fusionado con el de Relaciones con las Cortes para constituir el de la Presidencia), que presumiblemente también por razones de seguridad realizó todos los contratos de los que facilitó información por adjudicación directa y no recurrió en ningún caso ni al concurso ni a la subasta.

De acuerdo con los datos de la Memoria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, este ministerio comunicó sólo tres contratos de obras, por 11,46 millones de pesetas; veintidós de sumnistros, por 89,7 millones; y 42 de asistencia técnica, por 292 millones.

NUEVO TOQUE DE ATENCION

Por otra parte, la memoria vuelve a llamar la atención, al igual que en anteriores ocasiones, sobre el incumplimiento reiterado de la obligación de comunicar al Registro de Contratos las contrataciones efectuadas por cada departamento.

Advierte, en ese sentido, que "sigue incumpliéndose por parte de muchos órganos de contratación la obligación de notificar a la Junta Consultiva de Contratación Admiistrativa los contratos formalizados y sus incidencias, para su anotación en el Registro de Contratos".

La memoria muestra que el incumplimiento llega hasta el punto de que los contratos comunicados al Registro fueron 27.305, por un importe de 536.424 millones de pesetas, mientras que en la liquidación de los presupuestos de gastos de los ministerios en ese mismo ejercicio supusieron un desembolso de 1,5 billones.

"Es importante resaltar", advierte la Junta Consultiva, "que la información que se btiene tiene que ser aportada en organismos de carácter internacional, como consecuencia de la realización de estudios o elaboración de estadísticas supranacionales, recibiendo diversas observaciones sobre la falta de correspondencia de los datos comunicados -que siempre son los que se reciben de los distintos órganos de contratación- y los que resultan de otras fuentes, ya sea por la suma de los importes de contratos cuya licitación ha sido publicada en boletines y diarios oficiales o de los ratios consecentes con el PIB, con las Cuentas Nacionales o con las liquidaciones de los presupuestos de gastos".

Sobre este particular, fuentes de la Junta Consultiva reconocieron a Servimedia que se trata de incumplimientos reiterados a lo largo de los años, y que en el mismo también incurren, en medida todavía mayor, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.