"ADIOS A LAS ARMAS" ACUSA AL GOBIERNO DE IMPEDIR EL CONTROL EFECTIVO SOBRE LA VENTA DE ARMAMENTO

- Alcanzado por unanimidad hace un año

MADRID
SERVIMEDIA

Las organizaciones promotoras de la campaña "Adiós a las armas" consideran que el último informe del Gobierno sobre exportaciones de armas no ofrece la transparencia informativa necesaria para un control efectivo de las ventas españolas de armamento.

Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Médicos Sin Fronteras y Greenpeae basan sus acusaciones en una investigación realizada por la Escuela de Cultura de Paz de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Las cuatro organizaciones reconocen que en el último informe del Gobierno se aprecian algunos avances, como el aumento del número de exportaciones denegadas y los motivos de dichas denegaciones.

Asimismo, las ONG reconocen las mejoras informativas introducidas en el último informe, pero las consideran insuficientes para dar cumplimiento al acuerdo parlamentario aprobadopor unanimidad hace un año.

Por ello, la campaña "Adiós a las armas" insta al Gobierno a continuar avanzando en la política de transparencia informativa en las exportaciones de material de defensa, de seguridad y policial, para lograr una mayor concreción de los productos por países.

En concreto, las cuatro ONG se refieren a la de armas a Arabia Saudí, Bahrein, Filipinas, India, Israel, Kuwait, Malasia o Sri Lanka. En estas transacciones se puede violar el Código de Conducta de la UE, que establee que no se pueden vender armas a países inestables, en conflicto armado, militarizados, que no cumplen con los estándares de los derechos humanos o que desvían recursos que son necesarios para su desarrollo.

Asimismo, las ONG denuncian la venta de munición no reconocida por el Gobierno a países africanos y en particular a Ghana. Según el Registro de Aduanas, el peso de dicha munición es superior a los 40 Kg/unidad y su valor supera los 100 euros/unidad, lo que hace suponer que se trate de munición miitar.

El informe subraya la transparencia informativa como mecanismo para que España alcance el nivel de países como Reino Unido e Italia, y apunta que la sociedad civil y el Parlamento deben continuar vigilando al Gobierno.

(SERVIMEDIA)
17 Dic 2002
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