El decreto adecua la legislación a los progresos técnicos en el ámbito de los aditivos alimentarios y contempla la regulación específica del uso de ciertos aditivos para algunos grupos de alimentos, como algunos dietéticos destinados a usos médicos especiales, que hasta ahora no habían sido objeto de medidas específica en la UE.

La normativa pretende garantizar la protección de la salud y la información de los consumidores, y prohibe a partir del día 4 de noviembre de 2000 la comercialización de los productos que no se ajusten a los dispuesto en este real decreto.

Pese a ello se establece una prórroga de comercialización hasta finalizar las existencias para aquellos productos que cumplieran la anterior normativa y se hubieran puesto a la venta o etiquetado con anterioridad a la fecha de prohibición antes indicda.